En un entorno cada vez más globalizado, la movilidad de empresas, capitales y profesionales plantea un reto fiscal constante: evitar la doble imposición internacional. Para quienes operan en más de un país o tienen previsto establecerse en España, conocer y aplicar correctamente los convenios internacionales para evitar la doble imposición (CDI) es clave para una planificación fiscal eficaz, segura y conforme a derecho.
¿Qué es la doble imposición y por qué representa un riesgo?
La doble imposición internacional se produce cuando dos Estados ejercen su potestad tributaria sobre la misma renta o patrimonio de un contribuyente. Por ejemplo, un profesional residente en Francia que obtiene rentas en España podría tributar por esos ingresos en ambos países si no se aplica correctamente el convenio vigente entre ambas jurisdicciones.
Esta situación, además de aumentar la carga fiscal de manera innecesaria, puede afectar la competitividad de las empresas, distorsionar las decisiones de inversión y obstaculizar la internacionalización de negocios.
Convenios de doble imposición en España: marco legal y técnico
España cuenta con una sólida red de más de 90 convenios bilaterales para evitar la doble imposición, firmados con Estados de todo el mundo. Estos convenios, basados en gran medida en el Modelo de Convenio de la OCDE, establecen criterios como:
- Qué Estado tiene derecho a gravar diferentes tipos de renta (beneficios empresariales, dividendos, intereses, cánones, rentas del trabajo, etc.).
- Métodos para eliminar la doble imposición, ya sea mediante la exención o la deducción por doble imposición internacional.
- Procedimientos de intercambio de información y resolución de conflictos mediante acuerdos amistosos.
Las disposiciones contenidas en estos tratados deben aplicarse conjuntamente con la normativa interna española y las directivas europeas de cooperación administrativa en materia fiscal (DAC).
El papel de las directivas DAC: transparencia y control fiscal
En este contexto, la Unión Europea ha desarrollado un sistema normativo paralelo que refuerza los CDI a través de las Directivas sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC1 a DAC8).
Entre ellas, destacan dos:
📌 DAC6 (Directiva UE 2018/822):
Introduce la obligación de declarar determinados mecanismos transfronterizos potencialmente agresivos por parte de asesores fiscales, abogados y empresas. Su objetivo es prevenir estructuras que puedan utilizarse de forma abusiva aprovechando la fragmentación normativa entre países, incluyendo los CDI.
Este marco contribuye a proteger la integridad de los convenios y evita que se conviertan en vehículos de elusión fiscal.
📌 DAC8 (Directiva UE 2023/2226):
Es la más reciente y debe ser implementada por los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 2025. Esta directiva amplía el intercambio automático de información a los criptoactivos, los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), las plataformas digitales, y los NFT.
Entre sus principales implicaciones:
- Obliga a los exchanges y plataformas a reportar las operaciones de sus usuarios a las autoridades fiscales nacionales.
- Introduce requisitos de due diligence y armoniza el tratamiento fiscal de criptoactivos conforme al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE.
- Refuerza la trazabilidad fiscal y el cumplimiento internacional de los contribuyentes que utilizan activos digitales.
Tanto DAC6 como DAC8 están estrechamente relacionadas con los CDI al complementar su aplicación con medidas de transparencia proactiva y supervisión fiscal automatizada, especialmente en operaciones transfronterizas complejas o digitales.
La complejidad técnica de aplicar un CDI
Aunque los convenios están diseñados para ofrecer seguridad jurídica, su aplicación práctica suele ser compleja y sujeta a múltiples condicionantes:
- Determinar correctamente la residencia fiscal del contribuyente.
- Clasificar la renta según lo estipulado en el convenio aplicable.
- Cumplir con los requisitos formales, como el certificado de residencia fiscal emitido por la administración tributaria del país de residencia.
- Tener en cuenta las cláusulas antiabuso o las limitaciones de beneficios que pueden restringir la aplicación del convenio si se considera que se pretende un uso indebido del mismo.
Todo ello exige conocimiento técnico avanzado y una coordinación precisa entre los distintos marcos jurídicos nacionales e internacionales.
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